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Hace poco más de un mes la noticia ocupaba la primera página de todos los medios de comunicación, el Gobierno y los sindicatos se rasgaban las vestiduras ante el retroceso que suponía una medida como la aprobada, a falta del “placet” del Parlamamento Europeo, por la Comisión Europea y, parafraseando al clásico, “olvidose y no hubo nada”. Hablo de la jornada laboral de 65 horas semanales, máxima, claro está; no de obligado cumplimiento, faltaría más; en España no se aplicará, para eso tenemos un Gobierno de “izquierdas”, y unos sindicatos “preocupados” por las conquistas sociales que tantos años de lucha han necesitado.

La verdad es que aquí y ahora la legislación laboral, cada vez más a favor del empresario, es poco menos que papel mojado por la lenidad de unos funcionarios de trabajo cuya principal misión es achicharrar al autónomo, un Gobierno que traga lo que le echen con tal de que no se produzcan masivas deslocalizaciones y unos sindicatos atentos únicamente a sus tradicionales “caladeros”, la industria, las grandes empresas y la administración pública.  Así que está claro que aquel llanto y crujir de dientes de los dos o tres días siguientes al anuncio, no fueron otra cosa que un lavado de cara para que el status quo se mantuviese tal cual. Y aquí paz y después gloria.

A pesar de las triunfalistas alharacas sobre la conciliación de la vida laboral y familiar ,y otras zarandajas por el estilo, para uso y disfrute de colectivos muy concretos, principalmente funcionarios públicos y/o trabajadores de empresas públicas, la realidad es otra y bastante más dura. Jornadas interminables, de obligado cumplimiento y sin la correspondiente contraprestación económica, son práctica habitual en múltiples sectores de nuestra economía ante la pasividad de quienes se suponen deben velar por el estricto cumplimiento de la Ley, los funcionarios del Ministerio de Trabajo; si la pasividad de estos es flagrante, ¿Qué decir de los sindicatos? Asisten a todo el espectáculo cual convidados de piedra, prestos a recoger la soldada que se deriva de su mansedumbre, y que no sirve más que para mantener complejos entramados burocráticos cuya finalidad última es asegurar su propia existencia hasta el extremo de sentarse, sin el menor problema, en la mesa de dirección de rimbombantes fundaciones en compañía de aquellos que se dedican a explotar, miserablemente y con la anuencia sindical, a quienes en teoría deberían defender.

Puestas así las cosas, parece claro que la directiva europea no bien más que a consagrar una situación de facto y a la que se ha llegado con la aquiescencia, por activa o por pasiva, de quienes deberían haber evitado que la situación alcanzase el deterioro en el que se encuentra.

Por otra parte, no cabe duda de que las víctimas de esta situación son copartícipes, en menor medida pero no inocentes en absoluto, de esta situación al haber consentido, con poca o ninguna oposición, el que las condiciones de trabajo llegasen al deterioro en el que se encuentran en la actualidad. Esperemos que, al final, la cuerda acabe por romperse cuando la situación se haga tan insoportable para los nuevos esclavos que, al fin, se den cuenta que vale más morir de pie que vivir de rodillas y que, todos unidos, no habrá aquello de “si no lo cojo yo otro lo hará y a lo mejor por menos”.

La Iglesia española parece haber perdido todos los papeles. Lo único que nos faltaba por escuchar son declaraciones como las vertidas por el cardenal Cañizares en la inauguración de un curso de verano de la Universidad Pública, pú-bli-ca, Rey Juan Carlos en Aranjuez en las que advierte, una vez más y ya hemos pedido la cuenta, de los peligros que se ciernen sobre la sociedad española si el laicismo llegase a implantarse en nuestro país. Bien es verdad que oído lo dicho a uno le queda la duda de si la actual jerarquía católica española empieza a padecer alguna enfermedad senil o, simple y llanamente, le dan a alguno de los múltiples aluicinógenos existentes en el mercado. Quizás habría que ir pensando en someter a controles antidoping a los monseñores.

Tanta contumacia exigiría, sin la menor duda, una respuesta enérgica por parte del Gobierno y de la sociedad española que pusiese a esta organización en el lugar que le corresponde, la intimidad de las creencias de cada cual. Por otra parte, y dado que el Gobierno no parece excesivamente proclive a denunciar el Concordato vigente, no estaría de más que su aplicación fuese rigurosa en todos sus términos y no sólo en aquellos en los que los Obispos españoles ven algún tipo de ventaja, educación y subvenciones. Y es que, si mal no recuerdo y de acuerdo con los términos concordatarios, a estas alturas la iglesia católica española debería depender, exclusivamente, de los ingresos que fuese capaz de generar y sin que el Estado deba contribuir de manera harto generosa a pagar los excesos de quien, encima, le insulta un día sí y otro también.

Por otra parte, parece de urgente necesidad explicar a la sociedad española cual fue, en su día, el origen de los conciertos educativos y como, en la situación actual, estos no tiene razón de ser. La iglesia española se empecina en mantener el statu quo en base a dos principios, por un lado la obtención de cuantiosas subvenciones encubiertas, y de otro el asegurarse la capacidad de influir en la sociedad mediante el adoctrinamiento de los importantes grupos de niños y jóvenes que se forman en sus centros educativos. Se supone, al menos esa debe ser su esperanza,  que un número importante de quienes pasan por esas aulas constituirán en el futuro el sostén con el que seguir manteniendo el chantaje al que se somete a un Estado que debiera estar por encima de cualquier opción reiligiosa.

Sería interesante conocer cuando “toca” poner sobre la mesa determinadas cuestiones que para algunos, no se si muchos o pocos pero seguramente más que algún que otro 10%, de los ciudadanos de este país son de primer orden.

Cuando algunos nos habíamos felicitado hace algunas semanas porque parecía que, definitivamente y Ley mediante, desaparecería el bochornoso espectáculo a que nos vemos sometidos con cada cambio de Gobierno cuando los ministros y ministras se ven obligados, sean creyentes o no,  a jurar delante de una cruz, o  cuando asistimos a funerales o bodas de Estado, celebrados en el recinto religioso de una confesión concreta y con la que este no debería mantener más vínculos que el respeto debido a cualquier creencia, sea del tipo que sea, pero sin que tal cosa suponga el menor vasallaje, se nos somete a una dolorosa “ducha helada” porque esas cuestiones se abordarán cuando “la sociedad lo demande”. ¿en que limbo viven nuestros gobernantes? Esta sociedad lleva demandando una separación entre la iglesia católica y el Estado desde el mismo instante de la Transición, algunos parecen no haberse enterado o ¿será que viven en u país diferente al del común de los españoles?.

He dicho