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Francisco Ferrer i Guardia

El comienzo del curso vuelve a poner sobre el tapete la cuestión de la educación. Recientes reportajes en la prensa escrita nos alertan sobre los problemas que se pueden derivar de la actual organización del sistema educativo español, escuela pública, escuela privada concertada y escuela privada, sobre todo en lo que a la integración social se refiere.

Los porcentajes de escolarización en la red puramente pública varían entre el 46,6% del País Vasco al 81% de Castilla La Mancha (la media española es del 70% mientras que en países de nuestro entorno los porcentajes son sensiblemente superiores - por encima del 90% en Irlanda, Italia y Alemania- si exceptuamos al Reino Unido, Holanda y Bélgica con porcentajes inferiores al español). Esta anomalía de nuestro sistema educativo se ve agravada por cuanto contribuye a  generar auténticos guetos  a costa del dinero público.

Es evidente que no será este Gobierno el que potencie la Escuela Pública. ¿A donde envían los socialistas asturianos a sus hijos? La respuesta a esta pregunta podría deparar un buen número de sorpresas aunque, claro está, quizás la pregunta sea ¿Tienen claro algunos que se dicen socialistas lo que significa esto? Mucho me temo que la respuesta sea aquella de  “una cosa es predicar y otra dar trigo”.

Parece que existe interés en seguir llenando las arcas de las órdenes religiosas a costa del erario público y con la disculpa de que resulta más económico, nos gustaría que alguien explicase como es posible que a iguales costes -salarios, instalaciones, dotaciones, etc. - pueda resultar más económico lo privado que lo público; quizás todo se deba a la ten extendida como errónea apreciación de la eficacia privada frente a la pública indolencia, el concierto que la dotación de los colegios públicos.

Resulta intolerable que por parte de los poderes públicos se propicie la conculcación de un principio constitucional como es el de la igualdad. Por extrañas e inexplicables razones, España es un país en el que la xenofobia no existe por decreto, nuestros colegios públicos se van llenando de hijos de inmigrantes a la misma velocidad con la que los concertados se llenan de nacionales lo que, por fuerza, redunda en un descenso del nivel educativo de estos al tener que dedicarse a formar a niños y jóvenes que llegan con bajos niveles de conocimiento o, simplemente, con escaso conocimiento de nuestra lengua.

El Estado debe asumir de una vez por todas que una de sus obligaciones primordiales es la de facilitar una educación pública de calidad y al alcance de todos los ciudadanos, que para ello no se deben distraer recursos que terminan sufragando la formación en centros elitistas y que contribuyen a generar desigualdades sociales intolerables en un Estado que se autocalifica como social y de derecho.

Por otra parte, es necesario que el propio Estado asuma que la escuela debe ser ajena a cualquier tipo de dogmatismo si se pretende llegar a una sociedad en la que el librepensamiento y la capacidad crítica sea la norma y no la excepción salvo, claro está, que la pretensión final sea la de crear siervos en vez de ciudadanos.

He dicho