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Parece que tras las primeras muestras de pánico las aguas vuelven al cauce de siempre, lo que algunos denominan ortodoxia económica, como si fuesen imposibles alternativas diferentes a las defendidas por el neoliberalismo o un capitalismo que, dejado de la mano de cualquier regulación, termina por producir desastres como los vividos y cuyos únicos afectados son los trabajadores y las pequeñas empresas, verdadero sostén del entramado económico de un país.

Parece bastante obvio, a la vista de la última crisis económico-financiera vivida, que aquello que se tenía como ortodoxia inamovible (a veces parece que la economía más que una ciencia -¿lo es realmente?- es una religión) es incapaz de proporcionar recetas que permitan encontrar la senda de un crecimiento razonable y sin sobresaltos y que, en consecuencia, habrá que buscar nuevas fórmulas que nos permitan alcanzar dicha meta. En este sentido, parece bastante razonable abandonar el manido, y por cierto caduco por tantas veces repetido y puesto en práctica sin resultados, discurso de la flexibilización del mercado de trabajo, la contención salarial o el cambio en el modelo de protección social vigente en Europa y quizás, ¿sólo quizás?, habrá que comenzar a hablar de salarios máximos y mínimos acordes con la realidad socioeconómica en la que nos movemos, acotar las regulaciones de empleo a aquellos casos absolutamente imprescindibles, y nunca a costa del erario público ni por supuesto con la única e inconfesa razón de buscar una sobrevaloración ficticia del valor de las empresas, implementación de políticas fiscales realmente redistributivas, y todas aquellas otras medidas que sean necesarias, y que vayan en la dirección de acortar las diferencias existentes entre las diferentes capas sociales, de tal manera que nos vayamos acercando a la sociedad perfecta que, como seres inteligentes, debemos perseguir.

Es obvio que una acción de este tipo no depende de la voluntad exclusiva del gobierno de una sola nación, ni tan siquiera de un grupo como el formado, por ejemplo, por los países de la Unión Europea. Se trata de poner en práctica un modelo de gobernación global en el que la extensión de los derechos adquiridos (algunos de los cuales deberán ser recuperados) en las sociedades más avanzadas de Europa a todo el planeta, hagan imposibles prácticas de dumping social y, por tanto, se termine con el chantaje a que son sometidos trabajadores y gobiernos, por las grandes corporaciones transnacionales, con la amenaza de la deslocalización de los centros de producción.

En cualquier caso, y con independencia de las medidas fiscales antes apuntadas, parece bastante claro que el modelo de crecimiento actual se haya completamente agotado. La producción de bienes y servicios no puede crecer de manera exponencial y, por ello, habrá que inducir a la sociedad a modificar sus hábitos de consumo; habrá que plantearse, como ya sugería el filósofo Bertrand Rusell en los años treinta, la necesidad de construir la sociedad del ocio, en la que dedicando menos horas al trabajo consigamos, de una parte, poder dedicar más tiempo a tareas de enriquecimiento espiritual y, de otra, que exista suficiente trabajo para todos y, por supuesto, con retribuciones salariales suficientes para disfrutar de una calidad de vida aceptable, aunque medida con parámetros diferentes a los utilizados actualmente, basados en el consumo desenfrenado y en la acumulación sin sentido de bienes materiales.