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Parece que tras las primeras muestras de pánico las aguas vuelven al cauce de siempre, lo que algunos denominan ortodoxia económica, como si fuesen imposibles alternativas diferentes a las defendidas por el neoliberalismo o un capitalismo que, dejado de la mano de cualquier regulación, termina por producir desastres como los vividos y cuyos únicos afectados son los trabajadores y las pequeñas empresas, verdadero sostén del entramado económico de un país.

Parece bastante obvio, a la vista de la última crisis económico-financiera vivida, que aquello que se tenía como ortodoxia inamovible (a veces parece que la economía más que una ciencia -¿lo es realmente?- es una religión) es incapaz de proporcionar recetas que permitan encontrar la senda de un crecimiento razonable y sin sobresaltos y que, en consecuencia, habrá que buscar nuevas fórmulas que nos permitan alcanzar dicha meta. En este sentido, parece bastante razonable abandonar el manido, y por cierto caduco por tantas veces repetido y puesto en práctica sin resultados, discurso de la flexibilización del mercado de trabajo, la contención salarial o el cambio en el modelo de protección social vigente en Europa y quizás, ¿sólo quizás?, habrá que comenzar a hablar de salarios máximos y mínimos acordes con la realidad socioeconómica en la que nos movemos, acotar las regulaciones de empleo a aquellos casos absolutamente imprescindibles, y nunca a costa del erario público ni por supuesto con la única e inconfesa razón de buscar una sobrevaloración ficticia del valor de las empresas, implementación de políticas fiscales realmente redistributivas, y todas aquellas otras medidas que sean necesarias, y que vayan en la dirección de acortar las diferencias existentes entre las diferentes capas sociales, de tal manera que nos vayamos acercando a la sociedad perfecta que, como seres inteligentes, debemos perseguir.

Es obvio que una acción de este tipo no depende de la voluntad exclusiva del gobierno de una sola nación, ni tan siquiera de un grupo como el formado, por ejemplo, por los países de la Unión Europea. Se trata de poner en práctica un modelo de gobernación global en el que la extensión de los derechos adquiridos (algunos de los cuales deberán ser recuperados) en las sociedades más avanzadas de Europa a todo el planeta, hagan imposibles prácticas de dumping social y, por tanto, se termine con el chantaje a que son sometidos trabajadores y gobiernos, por las grandes corporaciones transnacionales, con la amenaza de la deslocalización de los centros de producción.

En cualquier caso, y con independencia de las medidas fiscales antes apuntadas, parece bastante claro que el modelo de crecimiento actual se haya completamente agotado. La producción de bienes y servicios no puede crecer de manera exponencial y, por ello, habrá que inducir a la sociedad a modificar sus hábitos de consumo; habrá que plantearse, como ya sugería el filósofo Bertrand Rusell en los años treinta, la necesidad de construir la sociedad del ocio, en la que dedicando menos horas al trabajo consigamos, de una parte, poder dedicar más tiempo a tareas de enriquecimiento espiritual y, de otra, que exista suficiente trabajo para todos y, por supuesto, con retribuciones salariales suficientes para disfrutar de una calidad de vida aceptable, aunque medida con parámetros diferentes a los utilizados actualmente, basados en el consumo desenfrenado y en la acumulación sin sentido de bienes materiales.

En el diario La Nueva España se publica, en su edición de hoy, el artículo que transcribo y que hemos firmado de manera conjunta mi querido amigo Pepe Girón y yo sobre la actuación de Israel en la franja de Gaza

Mientras tanto, en Gaza, un millón de medio de palestinos viven en “la cárcel mas grande del mundo” y “siete de cada diez personas sobreviven con menos de un dólar diario”, según Claudette Habesh, secretaria general de Cáritas Jerusalén. Citando a la Organización Mundial de la Salud (OMS), Israel denegó el permiso a 1.627 palestinos para poder recibir tratamiento médico en hospitales de Israel, Jordania y Egipto, a lo largo de 2007. Desde que se inició el bloqueo hasta agosto de 2008, murieron 225 enfermos palestinos en Gaza debido a la falta de suministros médicos por culpa del bloqueo israelí, según la OMS. La organización israelí Médicos por los Derechos Humanos (PFHR, siglas en inglés) reconoce que a pesar de la tregua entre Israel y Hamas, no existió ninguna mejora en las condiciones de la sanidad palestina en Gaza debido a que el bloqueo del gobierno israelí continuó durante la tregua. Hasta el diario israelí Haaretz reproducía, el 4 de abril de 2008, la siguiente declaración de la OMS: “Israel ha negado el paso de más enfermos palestinos en busca de tratamiento médico desde que Hamas se hizo con el control de la Franja y varios mueren innecesariamente cada mes”.

Algunos hipócritas culpan a Hamas de no renovar la tregua, pero la pregunta es ¿De que le sirvió a la población civil palestina la tregua? ¿Permitió el gobierno de Israel durante estos seis meses la entrada normal de suministros médicos, de alimentos, de agua, de combustible, de repuestos de productos básicos, de materiales de construcción, etc.? La respuesta es un rotundo NO. Por tanto ¿quién incumplió la tregua? Que el lector saque sus propias conclusiones.

Desde hace 12 días, el cuarto ejército más potente del mundo esta masacrando a la población civil palestina con el pretexto de castigar a Hamas. Nuestro criterio es que el movimiento fundamentalista Hamas no tiene ningún derecho, ni le asiste la razón, en lanzar sus misiles hacia territorio de Israel, tampoco estamos de acuerdo en que la religión, cualquiera que sea, dicte las normas de comportamiento de la sociedad civil y esto es algo que Hamás debería tener muy claro. Su idea de borrar del mapa a Israel es una quimera absurda y condenada al más completo fracaso. Esta es una cuestión que no admite dudas pero la respuesta de Israel, desproporcionada y con claros visos de tratar de bascular el resultado de las próximas elecciones en Israel hacia el partido del Primer Ministro Olmert, tampoco.

Las infraestructuras arrasadas, los cientos de viviendas, escuelas, hospitales bombardeados y reducidos a escombros, los más de 600 muertos y 1.500 heridos entre la población civil que además apenas pueden recibir asistencia médica convierten al Estado de Israel en genocida y a todo su Gobierno en responsables de crímenes de guerra y de limpieza étnica.

Israel tiene, indudablemente, derecho a su seguridad, pero los palestinos tienen también derecho a su propia tierra y lo que es más sagrado, a la vida. Segada a cientos por las bombas de racimo y de fragmentación usadas por el ejército judío. Los gobernantes de Israel deberían ser llevados ante el Tribunal Internacional de Justicia como reos de genocidio y de crímenes de guerra.

Exijamos el fin del genocidio llevado a cabo por el Estado de Israel, exijamos a los líderes de Hamas que cambien las armas por las ramas de olivo, exijamos a la Unión Europea que sea capaz de imponer el peso de su tradición en defensa de los Derechos Humanos y exijamos al nuevo Presidente de los Estados Unidos de América del Norte que sea capaz de ver un poco más allá de las narices del lobby judío americano y que de por finalizada la fantasmagórica “guerra global contra el terrorismo”, auténtica coartada israelita para practicar su política de limpieza étnica sobre el pueblo palestino.

Nos econtramos, una vez más, ante una cuestión ética en la que se enfrentan la fuerza de la razón y la razón de la fuerza y, en el medio, más de un millón de civiles palestinos atrapados en la locura de unos líderes (en ambos lados del conflicto) incapaces de reconocer que la única solución se encuentra en el diálogo y la tolerancia.

Por cierto, ¿Alguien podría explicarnos la razón para que el Gobierno de Israel prohíba la entrada de periodistas en Gaza?¿Hay algo que no es conveniente que la opinión pública internacional conozca? O, quizás, se trate únicamente de evitar errores como el que causó la muerte de nuestro compatriota Couso.